La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la gobernadora de Magdalena, Rosa Cotes de Zuñiga, y al exmandatario departamental, Luis Miguel Cotes Habeych, por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de inversión pública conocido como Vía de la Prosperidad, que se proyectó por un valor de $466.900 millones de pesos.

El órgano de control cuestionó una posible transgresión de los investigados a los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal y de eficacia de la función administrativa, ante las deficiencias presentadas en la implementación y ejecución del proyecto que pretendía el mejoramiento de la vía Palermo – Sitio Nuevo – Remolino y Guaimaro en Magdalena.

El ente de control cuestionó presuntas faltas técnicas en la planeación del proceso de construcción del corredor vial, que se habría realizado con estudios y diseños desactualizados, elaborados en 2008 y 2009 para ser ejecutados a partir del año 2013, sin tener en consideración la ola invernal de 2010 y 2011, que cambió las condiciones físicas de la carretera; y la utilización de un presupuesto desfasado y sin sustento, en el que se modificaron las especificaciones del material que se proponía utilizar.

El Ministerio Púbico reprochó a la mandataria y a su antecesor la presunta falta de oportunidad y eficacia para regularizar la ejecución del Contrato 617 de 2013, previsto inicialmente a 35 meses; atender la advertencia sobre las acciones para hacer frente a posibles incumplimientos del contratista, y la falta de observancia de los planes de mejora presentados ante el Departamento Nacional de Planeación, que ocasionaron la suspensión del giro de los recursos del Sistema General de Regalías para el proyecto de inversión pública.

A juicio de la Procuraduría, al parecer, no se cumplieron los fines del proyecto Vía de la Prosperidad, por las presuntas deficiencias en la planeación contractual, que le sería imputable al exgobernador Luis Miguel Cotes, lo que habría afectado el alcance físico del proyecto que pretendía intervenir 52.6 kilómetros de carreteable, en tres tramos.

El órgano de control consideró que la gobernadora, en su condición de ejecutora del proyecto y garante de la correcta vigilancia y ejecución del Contrato 617 de 2013, presuntamente no emprendió las acciones necesarias para que la ejecución de la obra tuviera resultados reales y efectivos, y le reprochó una presunta demora en atender la solicitud de inicio de un proceso sancionatorio y de multas al contratista Consorcio Ribera Este, teniendo en cuenta los incumplimientos que se dieron desde 2016. La falta para los mandatarios territoriales fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima, por desatención elemental.